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  • Jose Luis Diaz Ramos

Una Línea Amarilla que se diluye entre árboles caídos y sueños frustrados.

A comienzos de los ochentas, cuando el país se sumergía entre la violencia, la ocupación de territorios baldíos por parte de campesinos desplazados forzosamente fue vista como una forma de tomar aquello que la violencia les había quitado: una tierra para producir y un techo para vivir. Varias familias desplazadas deciden establecerse en los municipios de Segovia, Remedios, Cantagallo y San Pablo, en el Magdalena Medio, entre los departamentos de Antioquia y Bolívar.


A comienzos de la década de los noventa, la comunidad campesina descubre varios nacimientos de agua en la región, por lo cual surge la idea de limitar la parcelación de fincas hacia estas zonas, argumentando que su protección era necesaria para la conservación de la biodiversidad y de los cuerpos de agua que abastecían los municipios aledaños. Debido a la dificultad de este proceso, los campesinos deciden tomar pintura amarilla para colorear los árboles, que se convertirían en el límite de lo que hoy se conoce como la Línea Amarilla (LA), zona de selva virgen de aproximadamente ochenta mil hectáreas.


Esta limitación estuvo acompañada por acuerdos comunitarios entre representantes de las veredas, así como por las Juntas de Acción Comunal, para el manejo sostenible de los recursos naturales de la zona. A pesar de la agudización del conflicto armado a mediados de la década de los noventa, los acuerdos se mantuvieron.


El caso de la LA es de resaltar. Es una comunidad campesina, que por lo general se estigmatizan como “enemigos” de la conservación por la ampliación de fronteras agrícolas y la ganadería extensiva, las que buscan conservar los ecosistemas presentes en la región. Así mismo, es un ejemplo de cómo las comunidades lograron organizarse por un objetivo específico y trabajar de manera rigurosa aún bajo un contexto de guerra civil. Incluso, hoy en día la ACVC cuenta con un Plan de Desarrollo 2012-2022, así como caracterizaciones biológicas y socioeconómicas para la zona de la Serranía de San Lucas y la LA, con el objetivo de lograr desarrollar un proyecto de conservación acorde a las características de la región.


Actualmente, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), junto a Wildlife Conservation Society, Fundación Pantera, Fundación Proyecto Primates, entre otros, buscan la protección formal de la LA. Lo anterior, debido a que luego de los acuerdos de paz el gobierno comenzó a evaluar la posibilidad de expedir licencias ambientales para exploración minera en la zona, principalmente por presencia de oro y reservas petroleras.


Si bien es claro que la protección de la LA puede generar desarrollo económico regional, como sociedad debemos preguntarnos cuál es el modelo de desarrollo que queremos, cuál es nuestra idea de bienestar social y cómo se incluyen las comunidades y la conservación en este.


No obstante, hasta el momento los esfuerzos de relacionamiento con las entidades públicas para llegar a acuerdos frente a los proyectos mineros han sido prácticamente nulos. La demora de los procesos y las decisiones hace que las comunidades se cansen y se desmotiven. En este momento no hay luz sobre lo que va a suceder, el panorama no es fácil. Mientras los procesos se alargan, la LA con el paso del tiempo se va diluyendo, los árboles se van cayendo y los sueños de una comunidad que busca una forma de vivir en armonía con la naturaleza se evaporan.

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